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El estudio sugiere, con base en los delitos en que incurrieron los detenidos, que la administración Obama miente al proclamar que S-Comm se centra en criminales peligrosos / Foto: Francisco Barradas.

SAN FRANCISCO.– El programa Comunidades Seguras (S-Comm) tendría ya un claro perfil racial, al afectar desproporcionadamente a los latinos, de acuerdo con estudio respaldado por la escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley.
Aun cuando la población indocumentada en los Estados Unidos se compone en un 77% por latinos, 13% por asiáticos y 6% por europeos y canadienses, el 93% de los individuos detenidos y deportados por S-Comm son extranjeros provenientes de Latinoamérica, mientras que solo el 2% son asiáticos y 1% europeos, refiere el estudio.
“El abrumador porcentaje de latinos detenidos para su deportación por S-Comm plantea serias dudas”, dicen Aarti Kohli, Peter L. Markowitz y Lisa Chavez, autores del estudio, fechado en octubre de 2011 e intitulado “Comunidades Seguras por sus números, un análisis demográfico y de proceso legal”.
Con base en una muestra de 375 casos, el estudio refiere que jóvenes latinos, hombres, con una edad media de 29 años –aunque 11% serían menores de 21 años– son el prototipo de los detenidos por S-Comm. De éstos, solo el 27% habría cometido delitos graves.
El estudio sugiere, con base en los delitos en que incurrieron los detenidos, que la administración Obama miente al proclamar que S-Comm se centra en criminales peligrosos que atentan contra la seguridad pública.
Y es que según cifras de la propia policía migratoria (ICE), al menos la mitad de los deportados a través de S-Comm no tenían historial criminal previo o habían incurrido en faltas mínimas, como infracciones de tránsito.

Detienen ciudadanos

Mediante extrapolación de números, “encontramos que aproximadamente 3,600 ciudadanos estadounidenses han sido aprehendidos por el ICE desde la creación del programa (octubre de 2008) a abril de 2011”, dicen los autores del estudio.
Otros hallazgos son que 39% de los detenidos para deportación por el ICE tienen familiares estadounidenses; 37% tiene al menos un hijo que es ciudadano; y 5% reportó estar casado con una ciudadana.
“Aproximadamente 88,000 familias con ciudadanos estadounidenses entre sus miembros han sido afectadas por S-Comm desde su creación hasta abril de 2011”, dice el estudio.
Respecto a los procesos legales, el reporte, producido por el Centro de Derecho y Política Social Earl Warren, de la escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley, refiere:
De los detenidos a través de S-Comm, la mitad (52%) pudieron tener una audiencia con un juez; de éstos, solo 24% tuvieron un abogado –en comparación, el 41% de quienes son presentados ante cortes migratorias tienen la asistencia de un abogado.
Unicamente el 2% de los extranjeros detenidos a través de S-Comm fueron liberados mediante el pago de fianza, en comparación con el 14% de los indiciados en otras cortes migratorias.
El 83% de los arrestados a través de S-Comm son puestos en centros de detenciones administrados por el ICE, en apariencia, sin que sean tomados en cuenta los propios criterios de la policía migratoria de encarcelar solo a los más peligrosos.
El reporte de la Universidad de Berkeley sale a la luz a unos días que la administración federal reportara un número récord en deportaciones, casi 400,000, en un año. Más de un millón de individuos han sido expulsados del país desde el inicio del gobierno de Barack Obama.
“Nuestro análisis provee una imagen más detallada de la población que es procesada a través de S-Comm y plantea serias dudas sobre la manera en que se rastrea y se hace blanco a grupos sociales específicos”, dicen los investigadores en sus conclusiones.
S-Comm comenzó como programa piloto en marzo de 2008. Para octubre de ese año se oficializó. A la fecha, opera en 44 estados. El plan es que para 2013 esté activo en todo el territorio nacional.
Diseñado por el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, S-Comm básicamente consiste en comparar las huellas dactilares de todo aquel detenido en cárceles locales con la base de datos de los 91 millones de viajeros, solicitantes de visa, inmigrantes establecidos e individuos previamente deportados que posee Seguridad Nacional. El ICE detecta así quiénes pueden ser procesados para su deportación.