Noviembre 13. Altar de muertos en el campamento de Occupy Oakland, un día antes del desalojo.
Francisco Ramos Stierle fue entregado a las autoridades de inmigración, tres días después de su arresto frente a la alcaldía de Oakland, el lunes 14 de noviembre, durante el desalojo del campamento de Occupy Oakland.
Horas después, el mismo jueves 17 de noviembre, fue liberado. Ahora deberá presentarse ante un juez, quien determinará su suerte final, un proceso que pude demorar años.
Aun cuando el fiscal de distrito se desistió de ejercer acción penal contra Ramos, un mexicano que ganó una beca para estudiar astrofísica en la Universidad de Berkeley en 2004 –cuatro años después dejó la escuela, en protesta, dijo, por la participación de la Universidad en la construcción de armas atómicas, tornándose después en vagabundo y manifestante regular en protestas callejeras–, su aparante estancia sin autorización en el país lo convirtió en víctima propicia del repudiado programa Comunidades Seguras (S-Comm).
Su liberación temporal evitó que Ramos se sumara a la vastísima población de reos –400,000 individuos, según cifras oficiales del año fiscal 2010– de los centros de detención migratoria, una red de prisiones semi privadas cuyo crecimiento y prácticas llenan de indignación a muchos y hacen ricos a unos cuantos.
En ese centro de detención, Ramos habría convivido con muchos paisanos. El 93% de los detenidos a través de S-Comm son latinos, cifra que no tiene proporción con el número de pobladores indocumentados que hay en los Estados Unidos. En un reporte reciente sobre el S-Comm, investigadores de la Universidad de Berkeley y la escuela de leyes Cardozo acusaron por esto al programa de tener un claro perfil racial –en una nota para El Mensajero, reseñé el contenido de ese reporte.
La foto de la aprehensión de Ramos –quien posa como si meditara, mientras dos oficiales se apresuran a llevarlo a un sitio que ellos deben considerar más propicio para el encuentro consigo mismo, una celda de la cárcel de Santa Rita, en Dublin– se difundió profusamente en los medios; ha servido a sus aliados para probar que es un activista no violento y pudo haber incluso influido en la decisión del fiscal para retirar los cargos en su contra, vagancia y resistencia al arresto.
Pero los aliados de Ramos, en realidad, lo han defraudado, aun cuando lograron librarlo, temporalmente, del horror carcelario y la expectativa de celebrar el Día de Acción de Gracias en Eloy, Arizona, donde la cena, de haber tal, quizá la sirva gente tan benévola con los inmigrantes como puede serlo un Joe Arpaio.
En una declaración conjunta, algunas organizaciones –entre otras, Causa Justa, Centro Legal de la Raza, Filipino Advocates for Justice, National Network for Immigrant and Refugee Rights y California Immigrant Policy Center– repudian el arresto de Ramos, cuestionan las prioridades de S-Comm, que insiste persigue solo a criminales peligrosos, y se preguntan: ”¿Es esto el condado de Alameda o Alabama?”
La respuesta ellos la saben. Para S-Comm lo mismo da Alameda que Alabama. Y hechos rotundos, como ese dato que ellos mismos refieren en su declaración conjunta: 1,095 residentes del condado de Alameda han sido deportados desde la instauración de S-Com, son los que deben tomarse en cuenta para definir una estrategia efectiva, razonable, que evite al máximo lastimar al grupo que dicen defender.
Los enfebrecidos militantes del movimiento Occupy podrán tener razón en sus propósitos; pero por sus tácticas pueden perder la lucha. Se ha señalado estos dos meses la evidente ausencia, o al menos escasa presencia, de latinos en sus asambleas –al abordar este asunto, con ironía titulé un reporte para Fox News Latino ”El 1% del 99%”–. Ahora, ante la eventual deportación de un hispano, los planes para atraerlos quizá afronten mayores obstáculos.
El diligente Matt O’Brien refirió en una de tantas notas que ha escrito sobre la detención de Ramos, que la noche previa a su arresto la asamblea de Occupy Oakland votó por declarar su campamento un “santuario para inmigrantes”; una mayoría aprobó la moción (215 contra 8), sin escuchar a quienes con prudencia advirtieron que tal pronunciamiento no contendría la acción policiaca y las amargas consecuencias para los indocumentados.
Esa fue la desventura de Francisco Ramos. No hubo quien, con realismo, le advirtiera el riesgo que confrontaba al dejarse arrestar. La lección es dura. Y aunque el romanticismo que mueve las revoluciones se nutra de tales “hazañas”, los simpatizantes de la causa deben reconocer que pudo evitarse, de haber imperado la sensatez, o si esas organizaciones que hoy se desgañitan señalando la crueldad del S-Comm hubieran hecho presencia previa en el campamento y difundido la información que poseen sobre el programa.
Muchísimos inmigrantes no requieren de acciones heróicas para probar su talante. Así vivan en las sombras, esforzándose por sus familias o por sí mismos, solidarios como pocos en su desventura, son seres que relumbran; algunos, por la transformación personal que experimentan, pueden ser considerados auténticos revolucionarios. Quizá su desinterés por el movimiento Occupy es que el orden de las cosas que aquí se combaten es menos pernicioso, considerablemente más benévolo, que la situación que les arrojó por millones de a venir a este país, o para usar el término en boga, a Occupy los Estados Unidos.
